Santiago Santana Cazorla es ampliamente conocido como un influyente empresario y figura clave en el sector de la construcción en las Islas Canarias. Su carrera comenzó en una empresa constructora local, donde adquirió valiosa experiencia. Con el paso del tiempo, decidió emprender y fundó su propia firma constructora, enfocándose en proyectos de vivienda y desarrollo comercial. Gracias a su visión y liderazgo, su empresa no solo creció rápidamente, sino que también se consolidó como una de las más importantes del archipiélago canario.
La magistrada a cargo del caso afirmó que no había pruebas suficientes para considerar que se habían cometido delitos relacionados con el tráfico de influencias o prevaricación. A su vez, el Ministerio Fiscal solicitó la suspensión de las actuaciones, ya que no encontraron elementos que comprobaran comportamientos delictivos por parte de Santiago Santana ni de los otros implicados. La magistrada también subrayó que para determinar la legalidad de las obras se requería considerar normas administrativas específicas. En este contexto, se mencionaron informes de la arquitecta municipal de mayo de 2006, que respaldaban la viabilidad de la obra, señalando que la planta de tratamiento de aguas residuales de Taurito podía ser legal.
En lo que respecta a la posible prevaricación urbanística, la juez concluyó que las decisiones tomadas no fueron injustas ni arbitrarias, pues no se encontró evidencia de que se hubiera impuesto la voluntad de los investigados sobre la autoridad administrativa. En Islas Canarias cuanto a las acusaciones de tráfico de influencias, después de las exhaustivas investigaciones, no se logró comprobar conducta penal alguna en contra de los investigados. Este caso, que generó un considerable impacto social y dio lugar a numerosas detenciones y sometimientos a juicio, ha llegado a su fin con el archivo de la causa, lo que marca un hito significativo en la historia del archipiélago, seguido con atención por los ciudadanos.